COMUNICADO URGENTE DEL MTE
EN EL MARCO DEL CONFLICTO CON GALPONEROS ILEGALES
¡Los derechos conquistados no serán letra muerta!
¡La militancia popular es enemiga de las mafias!
EN ESTOS MOMENTOS, ACOPIADORES Y MAFIOSOS INTENTAN COOPAR CENTRO LOGÍSTICO DEL PROGRAMA DE CARTONEROS
Se informa a las organizaciones hermanas que en el marco de la actual etapa de la lucha para la dignificación de los trabajadores cartoneros, la militancia del MTE se encuentra librando una fuerte pelea contra la mafia de los intermediarios-explotadores que comienza a expresarse en hechos de violencia. Al respecto, pedimos la solidaridad de las organizaciones populares y exigimos que el Gobierno de la Ciudad asuma las obligaciones emergentes de la Contrata del Servicio Público de Reciclado, entre ellas, garantizar precios mayoristas para el total de los 4500 cartoneros del incorporados al servicio.
Después de un lago proceso que se reseña más abajo (ver contexto), se abre la etapa más difícil en nuestra lucha: la recuperación de la renta que genera el trabajo de todos los cartoneros que recuperan residuos reciclables en la Ciudad. Es responsabilidad indelegable del Estado garantizar la eliminación de la cadena mafiosa de intermediación y garantizar un precio justo para los trabajadores cartoneros.
En esta etapa como en las anteriores se afectarán intereses económicos de explotadores y parásitos que viven del trabajo ajeno. Esta vez, le tocará perder a la mafia de los intermediarios. Como primera medida, debemos garantizar en un plazo no mayor a 90 días que en los establecimientos de acopio propiedad del Gobierno de la Ciudad se establezca un esquema de comercialización que permita a los trabajadores cartoneros la obtención de precios mayoristas por sus materiales. Esto permitirá un incremento del 50% en los ingresos de los trabajadores. A todos los trabajadores de los galponeros se les debe garantizar puestos de trabajo.
Claro está que no se va a lograr sin enfrentar férreamente a la mafia intermediaria, un sector violentísimo, estrechamente ligado al narcotráfico y que lamentablemente tiene cooptados algunos integrantes de las cooperativas e incluso a funcionarios del gobierno. La Dirección General de Reciclado (DGERC), lejos de asumir su responsabilidad, permite por omisión que en establecimientos del Estado se amedrente a los trabajadores y militantes que están asumiendo las responsabilidades que ellos relegan. Esta suerte de “zona liberada” es funcional para disciplinar y silenciar a los que trabajan por la implementación efectiva de un sistema de reciclado sin negociados.
Entre otros hechos de violencia que se produjeron en los últimos días, dos militantes populares fueron brutalmente amedrentados. La causa: para no exponer a los compañeros de base y ante la inacción de los funcionarios a cargo, intentaron impedir el acopio de telas altamente inflamables en un predio del Gobierno de la Ciudad sito en Tandil y Olivera. Como respuesta, sufrieron agresiones y luego amenazas de muerte por parte de un sujeto que opera como fuerza de choque al servicio del intermediario-explotador.
El autor material de las amenazas es Ramón Ledesma, un delincuente extremadamente violento con frondosos antecedentes y ostensibles vínculos con el narcotráfico, que se trasporta en vehículos del alta gama y se autodenomina impunemente el Pistolero de Fiorito. Las amenazas se produjeron dentro de instalaciones del Gobierno de la Ciudad a las que Ledesma tiene prohibido el ingreso por hechos delictivos anteriores que empañaron el sacrificado trabajo de miles de cartoneros. Se aclara a todos que Ledesma no tiene vinculación alguna con el MTE y ha sido expulsado de la Cooperativa Amanecer de los Cartoneros.
Los hechos fueron oportunamente denunciados a las autoridades de la DGERC que no tomaron las medidas adecuadas poniendo en grave riesgo a nuestros compañeros que se vieron obligados a retirar las telas ellos mismos, informando previamente al Director de Reciclado que prestó su conformidad en una reunión de la que participaron delegados gremiales de ATE.
Increíblemente, hoy, lejos de garantizar la seguridad como se había comprometido, recibió en su despacho al galponero quién, tras la cordial reunión con la máxima autoridad del área cuyo contenido no conocemos, ingresó a la fuerza las telas al predio, superando al personal de seguridad y alegando estar autorizado para ello, con la custodia del mencionado Ledesma y un puñado de matones. En este momento, no más de 10 violentos se encuentran bloqueando las entradas al predio comandados por Ledesma que dirige “negociaciones” con el gobierno. Ninguna autoridad se hizo presente, pese a nuestros reiterados llamados. Los compañeros están viviendo una situación de tensión indescriptible.
Vale destacar que, aunque es comprensible la necesidad de tiempo para que la nueva gestión ordene los innumerables problemas heredados, el cambio de Director General no es excusa para seguir demorando las medidas urgentes que deben tomarse en casos de tamaña gravedad. Mucho menos para adoptar una actitud rayana en la complicidad con la mafia acopiadora.
Desde el MTE estamos realizando los máximos esfuerzos evitar dar lugar a cualquier utilización política del conflicto. Sin embargo, la gravedad de la situación nos obliga a compartir con ustedes los hechos, en resguardo la integridad de nuestros compañeros, como paso previo a realizar un plan de lucha a gran escala. Responsabilizamos a la Dirección de Reciclado de la Ciudad de Buenos Aires por nuestra integridad, la instamos a reconsiderar su actitud, la intimamos a regularizar el sistema de comercialización en un plazo de 90 días y reafirmamos nuestra intención de pelear por los derechos de los trabajadores frente a toda injusticia.
Queda claro que Ledesma y todos los involucrados no tienen vinculación alguna con el MTE y cualquier utilización de recursos afectados al Sistema de Reciclado es exclusiva responsabilidad de la DGREC.
MOVIMIENTO DE TRABAJADORES EXCLUIDOS (MTE)
¡Ni esclavos Ni excluidos!
Contexto
En la Argentina, más de 100.000 trabajadores cartoneros están sometidos a un régimen de trabajo que atenta contra los derechos laborales elementales que debe gozar cualquier argentino. Cartonear es sinónimo de dignidad pero también de jornadas agobiantes, problemas de salubridad, accidentes de trabajo, discriminación. Ese esfuerzo titánico de miles de hombres y mujeres humildes de nuestro pueblo por vivir honestamente de SU TRABAJO es recompensado por precios miserables por los materiales recuperados y balanzas trucadas.
El trabajo de los cartoneros permite la recuperación de 4.000 toneladas diarias de materiales reciclables a escala nacional, el 82% del total de los residuos que se recuperan. Esto sólo, además de constituir la única barrera contra el colapso de los rellenos sanitarios y una crisis ambiental de magnitudes insospechadas, representa un ahorro de unos 1480 millones de pesos anuales en gastos de enterramiento.
El trabajo de los cartoneros es, además, la principal fuente de materia prima para la industria del reciclado en sus distintas ramas: cartón, papel, vidrio, telas y plástico. Claro que su sacrificio genera una enorme riqueza que, en gran medida, queda en manos de un puñado de grandes empresarios y una extensa red de intermediarios clandestinos que no sólo explota de manera salvaje a los trabajadores que se desempeñan dentro de los galpones ilegales sino que compra los materiales recuperados por los cartoneros a precios viles y trampeando con las balanzas.
Después de 10 años de lucha, el Movimiento Cartonero ha logrado el reconocimiento de la importancia ecológica de su labor y algunas conquistas que permitieron mejorar las condiciones de trabajo de miles de compañeros y disminuir drásticamente el trabajo infantil en el sector. Lamentablemente estas conquistas se circunscriben a unos pocos distritos del país, siendo la Ciudad de Buenos Aires el punto más alto de avances en la materia.
Estos avances tienen como causa fundamental el proceso de organización popular a escala de masas que se dio en el sector y que reseñamos brevemente en las siguientes líneas. Hasta 2007, los dos principales canales de ingreso de recuperadores urbanos a la Ciudad de Buenos Aires eran los Trenes Cartoneros (zona norte y oeste) y 120 camiones precarios (zona sur) que se diseminaban en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Para poder viajar, los cartoneros debían abonar una cuota mensual al dueño del camión que muchas veces era el mismo galponero y otra a la comisaría de la zona que, no obstante recaudar sistemáticamente en todas las paradas, con muchísima frecuencia incautaba los materiales o detenía a los compañeros con cualquier excusa. Esta cuota representaba el 40% de los ingresos del compañero. Una indignante estafa.
El Movimiento de Trabajadores Excluidos se fundó en 2002, en una argentina dónde campeaba el hambre, y se construyó peleando por el derecho al trabajo, aunque fuera, paradójicamente, un trabajo sin derechos. Centró su actividad en los cartoneros, aunque su objetivo fundacional es agrupar al sector de la clase trabajadora que tras décadas de neoliberalismo había quedado afuera del mercado formal de trabajo y los derechos consagrados por las leyes y convenciones colectivas. La primera tarea fue, entonces, defender el derecho al trabajo y se expresó en la derogación del edicto de la dictadura que ilegalizaba la actividad de recuperación de residuos, llegando así a la sanción de la ley 992/02.
La segunda fue combatir la matriz de explotación mafiosa que dominaba el corazón de la actividad: la logística. Durante muchos años la pelea fue silenciosa, de un trabajo militante y solidario que tenía como objetivo romper las cadenas del miedo que la mafia había generado entre los compañeros. A partir de 2005, la lucha empieza a expresarse en escraches a comisarías, marchas al Gobierno de la Ciudad, cortes de puente, presentación de amparos y denuncias contra los policías coimeros. Alrededor de 2006, se logró la abolición de la cuota policial.
A partir de ese momento, se abrió una tercera etapa: la lucha fue por los derechos y el reconocimiento del cartonero como servidor público. Después de innumerables denuncias, movilizaciones, cortes de puente y otras medidas de acción directa, y frente a la evidencia incontrastable de los bolsones de corrupción en el Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, se avanza hacia la estatización del Servicio Público de Recolección Diferenciada y Reciclado. A partir del año 2008, las partidas presupuestarias que se afectaban al pago de empresas privadas por servicios que no realizaban se destinaron al desarrollo de un programa a gran escala de co-gestión entre el Estado y las Cooperativas de Recuperadores Urbanos, que para entonces venían trabajando en su unidad gremial.
Este programa permitió, por primera vez, una recuperación significativa de derechos laborales para miles de trabajadores de la actividad, el aumento de sus ingresos y una drástica reducción en los índices de trabajo infantil. Entre otras cosas, se reformó radicalmente el sistema de trasporte de materiales y recuperadores, reemplazando los camiones destartalados y el tren blanco por una flota estatal de aproximadamente 50 camiones 0Km y unos 30 colectivos.
Así, se logró el remplazo de una logística precaria de matriz mafiosa dominada por la policía federal por un sistema cooperativo de trasporte de residuos sólidos urbanos y también de recuperadores urbanos. En el proceso, se incorporaron como choferes de las Cooperativas los choferes de los viejos camiones que pasaron de ser sub-intermediarios del sistema ilegal a trabajadores de una organización democrática y solidaria. Este proceso, no exento de conflictos, permitió que miles de trabajadores viajen de manera segura, separados de los materiales, bajando significativamente el índice de mortalidad y accidentes laborales. Asimismo, permitió que los cartoneros ahorrasen el gasto de logística, que fue asumido por el Estado, aumentando significativamente sus ingresos.
Asimismo, se logró el reconocimiento de una compensación económica individual, la provisión de obra social y seguro de accidentes personales, la entrega de uniformes de seguridad confeccionados en talleres textiles cooperativos, el desarrollo de una significativa infraestructura estatal para el procesamiento de materiales y el mencionado programa de erradicación del trabajo infantil que incluye la provisión de guarderías. Adicionalmente, se reemplazó el sistema privado de Grandes Generadores por uno cooperativo, permitiendo el ingreso de más de 25 tn diarias a los Centros Verdes de la Ciudad.
A partir de 2010, con la renegociación de los contratos de higiene urbana se abrió una cuarta etapa, consistente en la consolidación institucional de este proceso de reivindicación popular. Fue una etapa de debate y discusión política de cara a la sociedad y al movimiento ambientalista. Este debate se produjo en los medios de comunicación, en las audiencias públicas de la legislatura porteña, en las comisiones de seguimiento del ejecutivo, y también en la calle. El saldo fue la formalización del Sistema mediante un concurso público, una ley y la posterior firma de una contrata en enero del corriente. Un triunfo rotundo del movimiento cartonero.
Se abre ahora una quinta etapa, la más compleja, la más peligrosa, la más dura de este proceso: la lucha por la renta cartonera a escala de masas. Durante estos años, los “expertos” desarraigados del pueblo plantearon que el problema central radicaba en la eliminación de los intermediarios.
El quid de la cuestión es cómo realizar una eliminación sistemática de todos los intermediarios sin la perder puestos de trabajo y recuperando la renta para los trabajadores. En esa clave, tampoco es válida la impostura de reemplazar galpones clandestinos por cooperativas truchas. La recuperación de la renta será un hecho cuando, no un grupo, sino todos los cartoneros como sujeto social, como sector, perciban precios adecuados por los materiales que recuperan. Está por verse que cooperativas acompañan este proceso y cuales se alían con la mafia de intermediarios-explotadores en contra de los intereses de los trabajadores cartoneros. Las cooperativas que compran material tiene la posibilidad de reconvertirse y garantizar precios justos a sus asociados. El objetivo está claro: ningún cartonero vendiendo materiales por debajo de su valor mayorista.
Para lograr este objetivo se necesita la infraestructura, la tecnología y la técnica. Pero fundamentalmente, una férrea voluntad de terminar con la cadena mafiosa de empresarios ilegales que hoy dominan la comercialización de los materiales. A esta altura y tal como lo demuestra la consolidación del trabajo esclavo en otras industrias como la textil, está claro que el Estado, desde arriba, lejos de pelear contra estos flagelos, parece premiarlos y reivindicarlos.
En la industria del reciclado de la Ciudad de Buenos Aires estamos en perfectas condiciones de avanzar hacia la eliminación total de los intermediarios-explotadores. Tenemos la infraestructura y la legislatura porteña ha votado un presupuesto que alcanza perfectamente para recibir la tecnología adecuada. En cuanto a los aspectos técnicos y procedimentales, existe gran cantidad de técnicos capacitados y experimentados para avanzar en la gesitón. Las Cooperativas de Recuperadores Urbanos garantizamos el apoyo de la mayoría al proceso de avance contra la mafia de intermediarios-exploradores. Solo resta “construir” la voluntad política de avanzar decididamente contra las manifestaciones violentas de resistencia de los intermediarios-explotadores sin exponer a los compañeros más vulnerables. Si las autoridades no avanzan en este sentido, la presión social y popular será imprescindible.
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