Pibes a la deriva

Al menos tres de los chicos internados días atrás por intoxicación con Poxi-ran son los mismos que fueron víctimas de abuso en el 2011 en el Alto Palermo. El fracaso de las políticas de contención del Estado. La voz de los especialistas.
Los cartoneros. Ellos fueron quienes, el año pasado, en su recorrido habitual por el barrio de Palermo, notaron que algo pasaba con los chicos de la “ranchada” que para en las cercanías del shopping Alto Palermo. Ese “algo” era ni más ni menos que estos chicos, todos menores de edad, se prostituían por 50 o 100 pesos en los baños de ese centro comercial. Al menos eso consta en el amparo judicial que inició una causa tendiente a protegerlos, pero que hasta ahora no prospera sino que empeora. Es que, hace 20 días, se conoció la noticia de que un grupo de niños y niñas de entre 8 y 15 años fueron internados en el hospital Fernández, víctimas de una intoxicación generada por aspirar Poxi-ran, un pegamento que genera gran dependencia física y psicológica. Lo que no trascendió es lo que ahora, el abogado que motorizó el recurso, Juan Grabois, confirma ante Noticias Urbanas; al menos tres de esos once niños, son los mismos que fueron abusados en los baños de ese paseo de compras unos meses atrás, un hecho que había causado impacto en los medios.

Fueron los mismos vecinos quienes advirtieron a los chicos en estado de intoxicación luego de haber jalado el pegamento para drogarse. De inmediato fueron trasladados en ambulancias del SAME al hospital Fernández, con apoyo del personal de la comisaría 21ª, para atenderlos. Sin embargo, desde el Ministerio de Desarrollo Social informaron que varios de los menores se negaron a ser atendidos y se fueron del centro asistencial, al tiempo que los restantes fueron dados de alta horas después.

Si bien una de las explicaciones que se esgrimieron oficialmente daba cuenta de que los chicos no pueden ser retenidos ni internados ya que no expresan voluntad de hacerlo, Grabois, reveló indignado ante NU que “al menos tres de los chicos intoxicados están judicializados desde que presentamos un amparo por las situaciones de abuso que vivían en las inmediaciones del shopping”. “Hay una lógica perversa que plantea que la voluntad del niño es suprema y de esa manera tiene suprema voluntad para estar en la calle dejándose abusar y jalando poxi todo el día”, ironiza. Grabois fue quien pidió intervención de la Justicia. Él representa a los cartoneros del MTE que dieron cuenta de los abusos. En ese entonces, existía otro riesgo, el rumor de cierre del Caina, un centro ubicado sobre Paseo Colón donde los menores concurrían a dormir bajo techo, comer e higienizarse como parte del programa Operativo Frío. El amparo logró que el Caina siga abierto, pero esa no fue la solución.

La medida, asegura Grabois, les permitió profundizar más en el tema de las políticas de infancia. Allí, dice, vieron un abordaje de la niñez que niega derechos diciendo que los niños, justamente, “tienen derecho a estar en la calle y respirar poxi, con una falsa concepción de lo que es una autonomía de la voluntad, dejando que los violen o que se droguen. El Caina es la única contención que tienen del Estado, que es un techo nada más. Más allá de eso, uno veía que respiran pegamento a cuatro manos y que esto pasa en Constitución, en Palermo, en Villa Urquiza pero ninguno intervenía. El área de Niñez y el Consejo de Niñez y Familia piensan que un niño tiene derecho a elegir, por ejemplo, cagarse de frío, en tanto y en cuanto lo haga por propia voluntad. Es como la otra cara de la institucionalización de todos los pibes, pero no es la solución. Para el Estado es más barato no hacerse cargo. Un hogar para que funcione bien es caro y el Estado es responsable por el hogar pero no por la calle; esto hace que terminen todos en la calle drogándose con lo que compran en cualquier ferretería”, describe.

Las responsabilidades se amplían ya que, según consta en la causa, hay al menos dos ferreteros identificados que, inescrupulosamente, venden latas de pegamento a menores. El planteo legal de Grabois es que se realice un seguimiento pormenorizado y que los menores salgan ya de la calle. “Si a la calle se le suma el poxi es criminal; que los hayan violado y luego los hayan dejado abandonados en el mismo lugar es grave, esto es el liberalismo disfrazado de respeto a los derechos individuales”, afirma el abogado. Ahora la denuncia se ampliará a los ferreteros y al Gobierno de la Ciudad, con el objetivo de lograr una solución rápida y, sobre todo, definitiva.

GRAVES FALLAS

A principios de este año, un informe de la Auditoría porteña (AGCBA) reveló que a pesar de que la Dirección General de Niñez y Adolescencia (DGNyA) es un área orientada a la atención de jóvenes alojados en residencias producto de la violación de sus derechos, “no contaba con personal especializado en materia de seguridad, higiene y funcionamiento edilicio que supervise a los diferentes hogares”. A este relevamiento, se suma el llamado de atención de la diputada del Frente Progresista María Elena Naddeo, por el incumplimiento de la ley que postula la prevención del abuso y la explotación sexual infantil.

Naddeo le dijo a Noticias Urbanas que la norma tiene “cumplimiento cero, ya que ni siquiera tiene una autoridad de aplicación”. Y bregó por la adecuación de sueldos y cargos dentro del Consejo de Niñas Niños y Adolescentes, del cual señaló, “al haber malas condiciones laborales, los trabajadores no permanecen por tiempos prolongados y esto debilita el vínculo que se pueda crear con los niños”.

Cabe recordar que, cuando trascendió la situación de los abusos de chicos en el Alto Palermo, el diputado del Frente para la Victoria Juan Cabandié se alarmó por la gravedad de la situación y pidió “no esperar, ya que cuando se trata de menores hay que actuar con absoluta rapidez”. “Con los chicos no se jode”, advertía en ese entonces. Una declaración que cayó en saco roto, ya que en menos de un año fueron nuevamente víctimas de las desatenciones por parte del Estado y del poder político.

Quienes sí hace tiempo vienen señalando las fallas en las áreas destinadas a atender a la infancia en riesgo son los delegados del Espacio de Niñez ATE Capital y del Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes. A los pocos días de conocido el hecho, expresaron mediante un comunicado que “hace tiempo venimos denunciando la emergencia de las áreas de niñez en la Ciudad. Además del incumplimiento de las leyes, nos encontramos con áreas de atención colapsadas, programas de promoción de derechos y de prevención vaciados, falta de articulación, políticas que funcionan como parches y no resuelven las problemáticas reales de fondo.

Cuando estamos frente a situaciones tan complejas, las respuestas no dependen de un solo dispositivo estatal sino que deben ser múltiples y articuladas. Las políticas focalizadas han sido pensadas para abordar problemáticas puntuales, por breves lapsos. Esas políticas tienen que interactuar con las políticas universales que deberían estar garantizadas para todos los niños/as que habitan la ciudad: acceso a la salud, a la vivienda, al trabajo para sus padres, a la recreación, a la educación, a la cultura, a la realización de proyectos acordes a su edad”, subrayan, y agregan que no puede haber políticas para la niñez y adolescencia que den respuestas eficaces con trabajadoras/es “precarizados, mal pagos y con condiciones laborales nada dignas”.

Emiliano Suárez, delegado del Consejo, recordó ante Noticias Urbanas la falla de los dispositivos para chicos en situación de calle en un gobierno que “tiene recursos como nunca antes”. Y señaló que “los dispositivos están desarticulados y degradados, los acompañamientos fuertes y día a día casi no se hacen, estos chicos pasaron por todos los dispositivos y evidentemente algo falló”. Suárez agregó que los menores no solo jalaron pegamento, también tomaron pastillas y pasta base, un coctel que de milagro no resultó mortal.

Para dar cuenta de la desarticulación de la que habla, el delegado puntualiza que, por ejemplo, en Palermo, el programa “Andares” trabajaba con víctimas de explotación sexual y relevaron que de cada cien chicos en calle, cinco eran recibidos en programas y de esos cinco, apenas dos pasaban seis meses bajo techo. “‘Puentes Escolares’ es otro programa que ya no funciona y no hay lugares especializados en tratar problemáticas de adicción; estaba Casa Puerto pero lo transformaron en otra cosa”, señala.

Una vez más, como viene sucediendo en los últimos tiempos, las tragedias son preanunciadas y no se evitan por una combinación letal de tiempo e inacción. “Para estos pibes, tiempo ya casi no queda”, remata Grabois.


SOLUCIONES INTEGRALES, NO PARCHES

Por el Dr. Eduardo Gibilisco (del Centro de Estudios Estratégicos en Seguridad Humana de la Universidad de Morón)

Si se continúan elaborando políticas “parche” para salir del paso, no se llegará a erradicar el problema. Es fundamental abordar el conflicto desde un enfoque integral, multisectorial, contextualizado y preventivo, creando políticas de Estado, donde confluyan todos los organismos necesarios, actuando en lo inmediato sobre los niños afectados por la situación de calle, poxi, abusos, maltratos, desnutrición; para detener su deterioro y proveerlos de contención para que no reincidan. Una vez subsanado el momento crítico donde se tuvo intervención, hay que crear en conjunto los mecanismos preventivos para que nuevos niños no lleguen a la misma situación.

Cuando se habla de confluir todos los organismos se hace referencia a que no es un tema que solo afecta o tiene ingerencia asistencial social, también debe intervenir la salud, la educación, la economía, el trabajo; para que en un todo se obtenga el resultado “seguridad”.

El tema hay que estudiarlo desde todos los puntos de vista, las consecuencias no son solo las vidas de los niños que están en juego, aunque sí lo más importante en la coyuntura, sino ser conscientes que afecta a la sociedad toda; desde los centros asistenciales hasta la seguridad física y psíquica de todos los vecinos.

Los niños y adolescentes ingestados son los que faltan a las escuelas, provocan maternidad no responsable, generan esfuerzos económicos extras al Estado, provocan situaciones de inseguridad para conseguir dinero y seguir intoxicándose… son las generaciones futuras que no se están preparando para llevar adelante el futuro país.

Vía: Noticias Urbanas

Actualización 17/7/12:
Google se vio obligado a suprimir la nota original, debido a que tomaba como ejemplo el caso de una menor, la cual, por orden judicial, mediante una medida precautoria ha debido ser borrada de ésta nueva nota por violar, supuestamente, el derecho a la intimidad. Imprimir artículo