Es difícil desarrollar esta nota tratando de evaluar la situación dada sobre la rivera del riachuelo, por los intereses contrapuestos y la intervención del Estado, que en este tema particular ha reproducido lo peor de la teoría de civilización y barbarie del propio Sarmiento.
Aquí el Estado quedo junto al capitalismo mafioso: Punta Mogote, representada por Jorge Castillo y Urkupiña, dirigida por Kike Antequera. Quienes hace años deseaban la desaparición de los 12 000 puestos de venta situados sobre La Ribera del Riachuelo. Lo que nunca se hubiesen imaginado es lograrlo con el poder de la justicia y la fuerza pública de su lado. Menos en un momento donde la CTEP estaba gestionando acciones para regularizar y poner en condiciones legales, las cuales permita a vez el desarrollo de la economía popular, pero con trabajo digno.
La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), joven organización gremial fundada por cooperativistas vinculados al MTE, La Alameda, el Movimiento de Fábricas Recuperadas y el Movimiento Evita, fracasó en su intento por llevar presencia del Estado a La Salada de otra forma: con trabajo decente, gestión cooperativa, distribución equitativa de las ganancias, control de procedencia de mercadería, erradicación de las mafias, formalización laboral, regularización impositiva, lucha contra el trabajo esclavo, infantil y contra el narcotráfico.
En cambio el Estado otra vez equivocó el bando y con arbitrariedad y prepotencia defendió los intereses de los poderosos en contra de los más débiles. En pocas horas dejaron sin trabajo a decenas de miles de hermanos nuestros y triplicaron las ya abultadas ganancias de la gran burguesía del subdesarrollo, aliada al poder político local, promotora descarada de una salvaje flexibilización laboral “de facto” y adalid de la cultura del paco que asolan nuestras barriadas en el Gran Buenos Aires. Este solo acto de concentración económica ha dejado a un millón de clientes en manos de las mafias de La Salada.
Lo más grave de la jornada, sin embargo, fue la utilización por parte de la Municipalidad de Lomas de Zamora de unos 600 trabajadores precarizados del programa “Argentina Trabaja” como retaguardia de las fuerzas represivas en el marco de un operativo de proporciones bélicas. Estos compañeros, rehenes del poder político por la miserable suma de 1200 pesos, fueron enviados al choque de sus propios vecinos a realizar la humillante y vergonzosa tarea de desarmar manualmente los puestitos y cargar en camiones los restos de la feria.
Muchas veces desde otro sectores de la sociedad no se entiende lo traumático que puede ser ver una pala mecánica solo para destruir asentamientos barriales o como en este caso su única fuente de trabajo, pero nunca para traer cloaca, agua potable y otros servicios los cuales le den dignidad y mejor calidad de vida.
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