IRRESPONSABILIDAD EMPRESARIAL

Hoy en día hay dos modelos de empresariado. Uno se manifiesta en nuestra sociedad como aspiración  desde las leyes y las universidades, el cual promueve un capitalismo en donde el crecimiento  económico puede convivir  con el cuidado del medioambiente y el trabajo en condiciones dignas. El otro modelo contamina con residuos tóxicos el ambiente enfermando y matando a chicos y grandes de nuestro vecindario.

Un caso de este último modelo se ha denunciado el 1 de junio,  donde tres fábricas,  al incumplir con las normas del  artículo art. 55 de la ley 24.051  y  siendo responsables los directivos de las empresas multinacionales SADESA SA (cueros, factura más de 1000 millones de pesos al año), CAMILO FERRON SA (agroindustrial) y CONTETODO SA (residuos peligrosos) por envenenamiento, ratificando las más de 237 denuncias que ya tramitan sin resultado alguno ante la justicia.

Estas empresas, parte de la mafia ambiental de la Argentina, arrojan impunemente efluentes envenenados sobre los barrios pobres de la zona, ante la mirada complaciente de inspectores y funcionarios. Presentamos videos, pruebas de laboratorio, informes médicos y testimonios de vecinos que respaldan la denuncia; soportando amenazas de todo tipo.

Los hechos son estos, como es de público conocimiento, que los desechos arrojados a la Cuenca Matanza- Riachuelo, son sustancias altamente tóxicas y cancerígenas como cromo, DDT, mercurio, plomo, cobre y zinc, entre otras. La grave contaminación existente, además de colapsar el ecosistema acuático del Riachuelo, pone en riesgo la salud de 3.500.000 habitantes. El río con una extensión de 64 kilómetros, cruza la Capital, 8 partidos del Gran Buenos Aires (Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Merlo, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora) y otros4 partidos del resto de la provincia (Cañuelas, Las Heras, Marcos Paz y San Vicente). Las empresas que en esta ocasión denunciamos son tan solo parte de las más de 300 empresas previamente denunciadas sin castigo alguno, ante la pasividad de las autoridades políticas y judiciales.

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